Llego la noticia más esperada desde España para seguir haciendo justicia

El gobierno español aprobó hoy la extradición del ex policía argentino Rodolfo Almirón, ex jefe de la Triple A, reclamado en Buenos Aires por genocidio y delitos de lesa humanidad y en prisión provisional en España desde hace algo más de un año.
La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros y anunciada por el Ministerio de Justicia español a través de un comunicado.
Almirón, de 72 años, fue custodio de Isabel Perón y de José López Rega y huyó a España en 1975. La Policía española lo detuvo a fines de 2006 en Torrent, una localidad cercana a la ciudad de Valencia.
Su paradero había sido revelado por el diario madrileño El Mundo, que lo descubrió como jubilado del rubro gastronómico y gozando de la doble nacionalidad hispano-argentina.
Está imputado por una serie de crímenes que se concretaron bajo el paraguas oficial del Estado a través del accionar de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Sin embargo, nunca había sido detenido porque la orden de captura en su contra, dictada en los 80, había quedado congelada.
La Audiencia Nacional, máxima instancia penal española, aceptó la solicitud de extradición cuando se declararon "suficientes las garantías prestadas por las autoridades argentinas de que si el reclamado fuese condenado, la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad", explicó el ministerio.

Protesta de asanbleistas contra Botnia en Buenos Aires

Asambleístas de Gualeguaychú se manifiestan desde este mediodía frente a la terminal de la empresa Buquebús, en Puerto Madero, para protestar contra la papelera Botnia. Por la concentración, unos 300 miembros de de Prefectura Naval realizan un vallado para impedir su paso hacia las embarcaciones.
Los asambleístas, que llevan pancartas con leyendas en repudio a la papelera, se mantienen agrupados en una plazoleta y no cortan el tránsito por la avenida Córdoba.

Cual fue el destino de los exhortos a los directivos de Botnia?

Un misterio es el destino que corrieron los exhortos enviados por vía diplomática para que cuatro altos directivos de Botnia se presenten a declarar a fin de marzo ante la Justicia argentina.
Según pudo reconstruir, la notificación con la firma del juez federal Guillermo Quadrini de Concepción del Uruguay llegó a la cancillería el 27 de diciembre pasado y partió a mediados de enero hacia Uruguay.
La primera luz de alarma se encendió cuando las autoridades de Botnia informaron esta semana que no habían recibido aún ninguna citación.
En la cancillería argentina dicen poseer un aviso de recibo del correo uruguayo que prueba que el correo diplomático con los exhortos fue recibido en el Ministerio de Educación y Cultura uruguayo el pasado 24 de enero.
Allí se encuentra la Autoridad Central de de Cooperación Jurídica Internacional, que es la encargada de recibir los requerimientos legales del extranjero y continuar el trámite.
Pero ayer, Adriana Fernández, asesora de esa dependencia uruguaya, confirmó a este blog que allí no hay registro de ningún exhorto proveniente en el último mes desde la Argentina y con destino a los directivos de Botnia.
También en la Cancillería uruguaya se mostraron sorprendidos por la novedad ya que no tenían idea de que se hubiera girado ese requerimiento desde Argentina.
Mientras tanto, Quadrini sigue tomando declaraciones testimoniales en la causa por tentativa de contaminación.
Pero el plato fuerte son las indagatorias para fin de marzo del presidente de Botnia, Erkki Varis, y la de otros tres altos directivos de la compañía. Por ahora, nadie les avisó.

El Gobierno seguira apostando al fallo de La Haya

La reunión de ayer en la Rosada entre la Presidenta y los asambleístas sirvió apenas para mantener una relación "institucional", entre el Gobierno y la Asamblea de Gualeguaychú.
Como se había adelantado en los últimos días, quedó claro que en el Gobierno existe cierto hartazgo con algunas conductas de los asambleístas. La larga reunión, entonces, transitó por el delicado sendero de dejar en claro las diferencias, sin romper definitivamente el vínculo.
La principal objeción de la Rosada es el bloqueo ininterrumpido de un puente internacional que ya está por cumplir 15 meses. También causó asombro la emisión de "tarjetas vecinales" que, distribuidas al libre arbitrio de la Asamblea, funcionan como salvoconducto para que algunos puedan sortear ese corte.
Y quedó claro que ya nada volverá a ser como en mayo de 2006, cuando Néstor Kirchner selló una alianza con los gualeguaychenses en un enfervorizado discurso en el Corsódromo en el que se comprometió a transformar su lucha en "causa nacional" y llevar el reclamo ante la Corte de La Haya.
Cristina ratificó en la reunión de anoche aquello de la "causa nacional", pero entendida a través de canales institucionales que tienen mucha menos épica que los embates que imaginan y desean los asambleístas.
Alberto Fernández, y Jorge Taiana, presentes en la reunión, explicaron que el Gobierno ha puesto toda su fuerza en el reclamo ante la Corte de La Haya, y se mantendrá firme en ese sendero aportando documentos, testimonios y datos sobre la presunta violación uruguaya del Estatuto del río compartido hasta que se produzca el fallo. Lo que ocurrirá no antes de fin de año, y quizá, mucho después.
Pero la presidenta no sólo fue elocuente en reiterar que la Casa Rosada tolera pero no apoya el corte de la ruta 136, sino que también descartó la posibilidad de abrir nuevos frentes de conflicto con Uruguay, más allá del diferendo que se tramita en la Corte Internacional.
De esa forma, descartó la mayoría de los planteos que los asambleístas llevaron a la Rosada. La aplicación del Código Aduanero para prohibir que desde la Argentina se abastezca de insumos a Botnia o la sanción de una ley nacional de la madera que impida la exportación de eucaliptus para plantas de celulosa, traería problemas en el marco del Mercosur y afectaría a decenas de empresas argentinas que llevan a cabo un negocio honesto.
No hubo eco en la Rosada, para los reclamos que llegaron de Gualeguaychú.
Pero el corte continuará hoy sobre la ruta 136, cumpliendo 452 días.

El Gobierno ratificó que en el conflicto por Botnia se "ajustará a la ley"

Tras el tenso encuentro que mantuvo ayer la presidenta Cristina Kirchner con los asambleístas, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, afirmó esta mañana que la postura de la mandataria es "ajustarse a la ley" y "defender los intereses de los argentinos".
En tanto, se mostró confiado, en declaraciones radiales, en que el tribunal internacional de La Haya "reconozca" el reclamo que hizo la Argentina. En ese sentido, reiteró que, con la instalación de Botnia, Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay al autorizar que la papelera utilice sus aguas para su producción.
Ayer, Cristina Kirchner recibió en la Casa de Gobierno a representantes de la Asamblea de Gualeguaychú. Al finalizar el encuentro, los ambientalista se mostraron descontentos: "No era lo que esperábamos, hay insatisfacción", destacó uno de los representantes legales, Osvaldo Fernández.
En ese sentido, admitió que la Presidenta les dijo: "Ustedes saben muy bien que yo estoy en contra del corte de ruta." Además, la mandataria no accedió al pedido principal de la Asamblea, que es que se prohíba el tránsito de insumos para Botnia por el territorio nacional y que se impida la exportación de madera con destino a la producción de la pastera. El Gobierno consideró que el reclamo era inconducente por "carencia de sustento jurídico".