Singular decisión en Italia contra cientificos por un sismo

El terremoto, que devastó la ciudad de L'Aquila, arrasó el casco histórico y dejó más de 80.000 damnificados, sigue siendo un trauma para todos los italianos y generó polémicas por las negligencias que contribuyeron a ese pesado balance. Entre los siete condenados figuran grandes nombres de la ciencia en Italia, como el profesor Enzo Boschi, quien presidió el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología y el subdirector de la Protección Civil, Bernardo De Bernardinis. Durante el juicio, iniciado en septiembre, la fiscalía había pedido una pena menor, de cuatro años de cárcel, contra los siete miembros de la Comisión para los Grandes Riesgos, que se había reunido el 31 de marzo de 2009 en la ciudad de L'Aquila, seis días antes del sismo que provocó la muerte de más de 300 personas. La Justicia considera que las autoridades científicas divulgaron informaciones tranquilizadoras a la población, que en caso contrario hubiera podido tomar medidas para protegerse. "Será un veredicto histórico", anticipó poco antes del fallo Wania della Vigna, abogada que representa a cuatro estudiantes sobrevivientes que residían en la recién renovada Casa del Estudiante de la ciudad, que se desmoronó como un castillo de naipes por no respetar las medidas antisísmicas. Más de 400 temblores sacudieron la región durante cuatro meses; pese a ello, las autoridades no tomaron medidas específicas y se limitaron a advertir que los terremotos no se pueden pronosticar. "Estoy abatido, desesperado, estaba convencido que iba a ser absuelto", comentó Boschi tras conocer la sentencia. La defensa de los acusados anunció que presentará recurso contra la sentencia, que prohíbe además que los científicos ocupen cargos públicos por el resto de sus vidas. "No siento que haya sido una victoria. Es más bien una tragedia, no nos devolverá a nuestros seres queridos", comentó Aldo Scimia, cuya madre murió durante el sismo. "Para mí fue una masacre cometida por el Estado. Con este juicio esperamos que nuestros hijos puedan vivir en un mundo más seguro", agregó. "Es una manera de advertir a quien asume un alto cargo del Estado que hay que tomarse en serio el propio trabajo, porque estamos cansados que se asuman tales puestos en forma ligera", comentó Ortensia a TVSky, familiar de las víctimas. En tanto, más de 5.000 miembros de la comunidad científica escribieron una carta

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Timerman: "Yo les puedo asegurar que la Fragata Libertad va a ser liberada"

"Yo les puedo asegurar que la fragata Libertad va a ser liberada, tarde lo que tarde, pero la Argentina no va a negociar con los fondos buitres", declaró el canciller argentino en una conferencia de prensa en Nueva York. Héctor Timerman reclamó este lunes en la ONU la liberación de la Fragata Libertad, retenida en Ghana por un embargo judicial. El canciller argentino se reunió en Nueva York con el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador guatemalteco Gert Rosenthal, con Ban Ki-moon y con el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Vuk Jeremic, además de la secretaria general asistente para Asuntos Legales, Patricia O'Brien. El motivo fue "tratar el tema específico de la ilegal detención de la Fragata Libertad en la República de Ghana", ocurrida el pasado 2 de octubre luego que la justicia de ese país aceptase la demanda del fondo NML, que reclama más de 370 millones de dólares a Buenos Aires por el "default" de su deuda en 2001. Durante su reunión con Ban Ki-moon, el canciller argentino recibió la promesa que se van a "utilizar los buenos oficios de su oficina para hablar con el gobierno de Ghana, intercambiar opiniones sobre cómo resolver este conflicto". Ban se interesó por la situación humanitaria de los 326 marinos a bordo del buque escuela, la mayoría de los cuales serán evacuados el martes en un vuelo de Air France fletado por el gobierno argentino, dejando una tripulación de seguridad de 45 hombres, incluyendo al capitán. Timerman explicó que según la consejera legal de la ONU no existen antecedentes de acciones de ese tipo, con excepción de "un barco ruso embargado en un puerto francés y que la justicia francesa finalmente determinó que no era embargable". El canciller argentino entregó al presidente del Consejo de Seguridad "una documentación que trajo la República Argentina para que los demás miembros del Consejo de Seguridad conozcan la situación en la que se encuentra una acción que desde el punto de vista del derecho internacional es completamente ilegal". El embajador guatemalteco Rosenthal explicó que el Consejo de Seguridad de la ONU no puede ocuparse de la cuestión, ya que este caso "no amenaza precisamente la paz mundial". Pero Rosenthal indicó que "Naciones Unidas está del lado del cumplimiento del derecho internacional" y que "el derecho de mar claramente libera las naves del Ministerio de Defen

sa o naval de los gobiernos miembros, les da estatus diplomático". Guatemala ocupa hasta el 31 de diciembre de 2013 una de las dos bancas rotativas de América Latina en el Consejo de Seguridad de la ONU. Colombia tiene la otra, que pasará justamente a manos de Argentina el próximo 1 de enero. "El embargo de un buque de guerra que está amparado por las inmunidades del tratado del derecho del mar implica un grave riesgo para todas las naves militares que están navegando hoy en día por los océanos del mundo (...). Ghana estaría destrozando un derecho que garantiza el normal funcionamiento de la navegación militar", advirtió Timerman. El gobierno argentino reclama la aplicación de un principio que data de 1926 según el cual "los buques de guerra tiene un carácter de inmunidad frente a todo tipo de demandas entre particulares, o un particular y un Estado o entre Estados", recordó Timerman. El fondo NML Capital, con sede en las Islas Caimán, se negó a entrar en el canje con importantes quitas que Argentina realizó entre 2005 y 2010 para unos 100.000 millones de dólares de deuda en "default", y al que se plegó el 93% de los acreedores. "La decisión del gobierno argentino es no negociar con los fondos buitres. Jamás un fondo buitre pudo apropiarse de una propiedad del gobierno argentino. Han fracasado siempre, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en Suiza", dijo Timerman.

MAR DEL PLATA: Presentan plan para que también se hagan controles de estupefaccientes en la ciudad

El concejal Mario Rodríguez (UCR) consideró importante aumentar la cantidad de controles por parte del estado a fin de disminuir el alto índice de siniestralidad en el tránsito, incorporando a los actuales de alcoholemia, controles de ingesta de drogas. Para ello, presentó un Proyecto a fin de incorporar esos controles que apuntan a verificar la presencia de drogas en los conductores a través de un test de saliva, en forma similar al actual control de alcoholemia, constituyéndose en un elemento más de seguridad vial. Rodríguez fundamentó que los estupefacientes consumidos provocan retraso en el tiempo de reacción, reducen el campo de visión y provocan que se aprecien mal las distancias y las velocidades de otros vehículos. En tal sentido, planteó que los inspectores de tránsito tienen la obligación de controlar y sancionar a quienes conduzcan con un porcentaje de alcohol en sangre, pero poco pueden hacer si el conductor se encuentra bajo los efectos de alguna droga. Según un informe de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), en muchos accidentes de tránsito los conductores presentan muestras de consumo de estupefacientes en sangre. El proyecto del edil radical apunta a la inmediata inmovilización del vehículo, labrándose el acta que corresponda para el caso de ser positivo el test practicado. Dicho test deberá realizarse mediante dispositivos descartables. El concejal Mario Rodríguez, integrante de la Comisión de Legislación. Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana, considera que “aquí la cuestión no pasa por la legalidad o no del consumo, sino en el peligro que representa para terceros que un conductor maneje bajo los efectos de las drogas“. Más adelante, puso como ejemplo que desde el año 2010 en Capital Federal ya se implementa el Programa de Control de Estupefacientes en Conductores. Similares proyectos existen actualmente en las Provincias de Entre Ríos y Córdoba.