Por los derechos humanos la Corte pide agilizar los juicios

La Corte Suprema recomendó a todos los tribunales inferiores y jueces que agilicen los trámites en causas en las que se juzguen violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Fue en la última reunión de acuerdos del año y tras la polémica por la excarcelación y posterior marcha atrás con la medida de los represores Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta. Lo que el máximo Tribunal hizo fue pedir a las instancias de menor jerarquía que le den prioridad a este tipo de expedientes. Ya lo había hecho, hace algunos meses, el procurador general, Esteban Righi. El debate sobre el tema había recrudecido la semana pasada, con la decisión de la Cámara de Casación de liberar a una veintena de represores, entre ellos Astiz y Acosta. La medida fue apelada y la decisión quedó en suspenso. En medio de esta polémica uno de los jueces de la Corte, Carlos Fayt, señaló que "no es culpa" de la Justicia la excarcelación de los represores de la ESMA, sino del Congreso. Fue una respuesta implícita a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios miembros del oficialismo, que habían acusado a la Justicia por esa decisión sobre Astiz, Acosta y otros. En cambio, sectores de la oposición, en particular de la UCR, dijeron que era responsabilidad del Gobierno no haber impulsado las leyes necesarias para apurar esos juicios, reabiertos después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Para coadministrar la empresa el Gobierno interviene TGN

El Gobierno decidió nombrar a un coadministrador en la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN), luego de que la compañía comunicó la semana pasada el incumplimiento de un pago de 22,5 millones de dólares de una obligación negociable. La intervención fue anunciada esta mañana por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y se extenderá por 120 días, plazo en el que el funcionario Roberto Dario Pons se desempeñará como "codirector" de la empresa. TGN reestructuró el total de sus deudas por US$ 345 millones en agosto de 2006, pero ahora se convirtió en la primera privatizada que no puede cumplir con el pago de sus obligaciones negociables. La empresa informó el martes a la Bolsa (donde cotizan el 20% de sus acciones) que no iba a poder pagar los US$ 22,5 millones de capital e intereses que vencen el 31 de diciembre. Y el viernes, luego de las versiones sobre una intervención, debió salir a aclarar que no había recibido ninguna comunicación oficial al respecto. La empresa anticipó que quiere reprogramar los pagos y esta semana se espera que haya reuniones de sus responsables con autoridades del Enargas -el ente regulador del gas- y de la Secretaría de Energía. Entre los acreedores de TGN se encuentra la ANSeS, que tiene en su poder las obligaciones negociables que recibió de las AFJP, por un monto total que sería mayor a los 30 millones de dólares. En TGN alegaron que la suspensión de pagos se debió a varios motivos, entre ellos el congelamiento de las tarifas domésticas desde 1999, el aumento de los costos operativos y salariales y el recorte de las exportaciones de gas a Chile y Brasil dispuesto por el Gobierno para afrontar la crisis energética local. Y que tomaba la decisión para poder seguir prestando de manera "segura y confiable" el servicio. La mayoría accionaria de TGN pertenece a Gasinvest, un consorcio integrado entre otras empresas por TecGas (de Techint), Compañía General de Combustibles y la francesa Total Gas. TGN opera una red de casi 6.800 kilómetros de gasoductos y 17 plantas compresoras. Cuenta con el Gasoducto del Norte y el del centro-Oeste que nace en el yacimiento de Loma de la Lata en Neuquén. Al igual que su colega TGS, tiene pendiente la renegociación de su contrato de concesión.

Israel promete una guerra "sin tregua" mientra en Gaza aumenta la violencia

En el tercer día de feroces bombardeos aéreos contra blancos de Hamas -con un saldo que actualmente asciende a 315 muertos y 1.420 los heridos- Israel prometió hoy una guerra "sin tregua" contra el movimiento islamista. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, afirmó hoy ante el Parlamento: "No tenemos nada contra los habitantes de Gaza, pero estamos comprometidos en una guerra sin tregua contra Hamas y sus aliados". En tanto, e l sector fronterizo de Israel con la franja Gaza fue declarado hoy por el Ejército israelí como "zona militar cerrada", lo que significa que las rutas quedan cerradas a los civiles que no cuenten con salvoconductos militares y que sólo se permite la circulación a los habitantes israelíes del área afectada. Esta clase de movimientos suelen anticipar el comienzo de operaciones terrestres. En la madrugada de hoy, Israel continuó con sus ataques aéreos contra la Franja de Gaza, donde se reportó que aviones de combate israelíes atacaron hasta 40 objetivos, entre ellos un edificio de la Universidad Islámica de Gaza y el Ministerio del Interior, además de instalaciones estratégicas y militares de Hamas. El ataque perpetrado por las fuerzas israelíes en varios puntos de Gaza ha dejado al menos siete muertos, entre los que se encuentran seis niños, según fuentes hospitalarias. Mientras, en la ciudad israelí de Ashkelon murió una persona por un cohete lanzado por los palestinos. Médicos y testigos agregaron que poco antes de la medianoche, dos civiles palestinos, incluido un niño, murieron y cuatro resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra la ciudad norteña de Beit Lahia. Según testigos palestinos, fueron bombardeadas más estaciones policiales e instalaciones de seguridad de la agrupación radical islámica Hamas en Gaza. La mayoría de esas instalaciones habían sido capturadas por Hamas a las fuerzas de seguridad del presidente palestino, Mahmud Abbas, en junio del año pasado. Según una portavoz del Ejército, la fuerza aérea israelí efectuó 30 ataques el domingo. Agregó que fueron bombardeados más de 70 objetivos, de los cuales más de la mitad eran túneles de contrabando bajo la frontera entre Franja de Gaza y Egipto.

La justicia le dará "un trato justo" a Edelap manifestó el Ministro de Planificación Julio De Vido

El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró hoy que la Justicia le dará "un trato absolutamente justo" a Edelap. La distribuidora eléctrica, del grupo estadounidense AES, había sido cuestionada por el Estado, que aduce mal servicio. El funcionario recordó que "se detectaron algunas anomalías en los balances" de Edelap. Y agregó que la empresa presentó un plan de inversiones "en el marco de los reclamos y, fundamentalmente, de las intimaciones que fueron formuladas por el ente regulador y los distintos municipios y entidades de consumidores". Sobre este punto, De Vido explicó que el plan de inversiones de la privatizada será analizado hasta el 8 de enero. Ese día el programa, agregó, "será devuelto a la concesionaria con cronograma de plazos establecidos a los efectos que hagan todas las inversiones que tienen que hacer, en los tiempos necesarios para que el servicio recupere la calidad perdida". En caso de que la empresa no cumpla los plazos o el plan no sea suficiente, el funcionario afirmó que "se podría llegar a la rescisión del contrato". El conflicto entre el Gobierno y Edelap comenzó a fines de noviembre, en medio de los cortes de luz que afectaron durante varios días a miles de usuarios. La tardanza en restablecer el servicio y la postura que adoptó la empresa al no salir admitir públicamente su responsabilidad por los apagones disparó un fuerte ataque oficial contra la distribuidora eléctrica. En forma simultánea con la ofensiva lanzada desde Planificación y el ENRE, el Gobierno salió a sondear a varias empresas locales para que tomen el lugar de AES mediante la compra del paquete accionario mayoritario. Entre otros fueron contactados el grupo Eurnekián, el fondo de inversión Desarrrollo y Gestión y la empresa cordobesa Electroingeniería que, tras analizar los números de Edelap, optaron por dar un paso al costado y no ingresar al negocio de la distribución eléctrica.

Una vez mas, habrá que "aplaudir a la justicia por lo bien que hacen las cosas?

Tres años de prisión en suspenso es la condena que recibió el ex funcionario "K" santacruceño, Daniel Varizat, que atropelló con su camioneta e hirió a 23 manifestantes durante una marcha de estatales, el 17 de agosto del año pasado. El fallo del Tribunal Oral de Río Gallegos fue en disidencia. La sentencia fue definida por las magistradas Marta Dávila y Alicia Mercau, mientras que su par Jorge Chávez votó por la absolución, decisión que encendió la ira de los presentes en la sala que respondieron con insultos. El fiscal Ricardo Camutti había pedido cinco años de prisión para el ex ministro de Gobierno de la provincia, por las lesiones -7 graves y 16 leves- que provocó cuando trataba huir de una protesta. La defensa del acusado tampoco quedó conforme por completo, ya que había solicitado que fuera absuelto, por considerar que Varizat actuó en "legítima defensa" al arremeter contra los manifestantes para evitar ser agredido. La sentencia implica que el ex funcionario no deberá ir a la cárcel, salvo que viole alguna norma, lo que repercutiría en el cumplimiento efectivo de los tres años de condena. Varizat deberá además, por disposición del tribunal, iniciar un tratamiento psicológico. El ex funcionario no escuchó la sentencia en Río Gallegos, ya que se encuentra en Buenos Aires.

Explicación de la ley de despenalización de droga

El fallo que prepara la Corte Suprema sobre la despenalización de drogas para consumo personal sigue generando controversias. Por eso esta mañana, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, salió a aclarar que la sentencia del máximo tribunal lo único que puede resolver es "la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado". "No hay que criminalizar al adicto", afirmó. En diálogo, Fernández opinó que la sentencia que la Corte daría a conocer después de la feria judicial de enero no debería resolver la despenalización de la tenencia de droga para el consumo, como trascendió, sino la "inconstitucionalidad" de la penalización de los consumidores. "Se habla de la despenalización, pero lo que la Corte eventualmente resolverá es la inconstitucionalidad del castigo a un usuario privado", dijo el funcionario. Y destacó que, en su opinión, "no hay que criminalizar al consumidor y al adicto". Por otra parte, afirmó que la política del Gobierno sobre el tema de drogas apunta centralmente a llevar adelante una "implacable lucha contra el narcotráfico" y una "fortísima política de prevención". Por eso, añadió que, si pese a la implementación de estas políticas, "hubiera gente que aún consume, que no vaya a una comisaría si se la encuentra comprometida por su consumo, sino que vaya a un ámbito público donde se pueda resolver su situación". En este sentido, el ministro consideró que "la política represiva falló". "Quisieron probar con políticas represivas desde hace 18 años. Ya lo hicieron, cuánto tiempo más lo quieren hacer", se preguntó el funcionario. Y señaló que "quedó demostrado que ni han logrado que se reduzca una sola hectárea en ninguno de los países productores (de drogas), ni se han reducido las redes de narcotráfico, ni se ha reducido el consumo". Por ello pidió "recuperar" a los jóvenes, "no metiéndolos presos" porque eso "no le sirve a nadie".

MAR DEL PLATA: Sin pruebas contundente hace una semana que desaparecio una remisera

La policía continuaba este lunes intensificando la búsqueda del principal sospechoso de la desaparición de la remisera Norma Leonor Berón, quien fue identificado como su ex chofer, Daniel Maero, de 33 años. A una semana de la desaparición de la mujer, de 44 años, el fiscal actuante Marcos Pagella ordenó para hoy y mañana una serie de diligencias tendientes a establecer los últimos momentos en los que se tuvo noticias de ella. En las próximas horas se realizarán nuevas diligencias tendientes a dar con la ubicación de Maero, en tanto buzos de Prefectura Naval buscarán en el lecho de la Laguna de los Padres luego que en los últimos días un llamado anónimo diera cuenta que la mujer desaparecida podría encontrarse allí. En las primeras horas del lunes pasado, Berón llevó en su Fiat Palio azul a un pasajero en Luro y Dorrego quien había llamado a su agencia y se había identificado como "Daniel". "Mandame a Norma que tengo unos papeles para darle", aseguran que dijo el hombre ahora buscado a la operadora. Cuando el viaje fue notificado a Berón, ésta se encontraba con una amiga a quien le comentó lo extraño que le parecía que Daniel, su ex chofer, la llamara. Lo cierto es que Berón concurrió a Luro y Dorrego, y la operadora tomó conocimiento de que el viaje era hasta Malabia y Mario Bravo. A partir de entonces no se supo otra cosa de Berón y cuando pasó algún tiempo sin reportarse, la operadora la llamó a sus dos teléfonos celulares, que fueron atendidos por una mujer que primero se hizo pasar por ella y luego por su hermana. En ambos casos la operadora no le creyó y dio aviso a la policía. Así fue como se inició la investigación que derivó en las horas siguientes en el hallazgo del automóvil en Rawson y 244, en un sector muy cercano a una vivienda en la que residen allegados a Maero. Además, el fiscal Pagella ordenó el allanamiento de la casa de Malabia al 3400, en donde fue detenida la pareja de Maero, acusada de "encubrimiento agravado". Maero, un ex chofer que Berón había despedido luego de demostrar conductas inconvenientes en el manejo del remís, se dio a la fuga y por lo tanto se dictó su captura nacional e internacional acusado del delito de "privación ilegal de la libertad agravada".