Que raro Estados Unidos amparando cosas irregulares

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó este lunes un fallo de septiembre 2011 del juez de distrito Thomas Griesa en Manhattan, ordenando que Bank of America Corporation y el Banco de la Nación Argentina deben presentarse a las citaciones para declarar, rechazando el argumento de Argentina de que su inmunidad soberana se vio afectada", según reportan agencias internacionales. La sentencia se deriva a partir de 2001 cuando la Argentina declaró un default por 80 mil millones de dólares con acreedores extranjeros. A partir de 2003, NML presentó 11 demandas en un tribunal federal de Nueva York en busca de cobrar sus bonos argentinos en default. NML ha ganado cinco juicios, por un total de aproximadamente u$s1,6 mil millones. Griesa también ha otorgado sentencia favorable, en juicio sumario, a NML en seis acciones en las que NML reclama un total de más de 900 millones de dólares. NML, una subsidiaria Elliott Management Corp., vio evidencia acerca de la propiedad de la Argentina y citó al Bank of America y al BNA para que se presentan y declaren cómo la Argentina mueve sus activos. Después que Griesa accedió a la solicitud, la Argentina apeló, alegando que la divulgación acerca de los activos argentinos en el exterior viola la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. "Sostenemos que, debido a la orden de evidencia, la inmunidad soberana de Argentina no se infringe, ya que descubrimiento no implica embargo de bienes soberanos y porque se dirige a terceros bancos, no a la propia Argentina. El tribunal de distrito por lo tanto no abusó de su discreción al ordenar a BOA y BNA a cumplir con las citaciones de NML", destaca el fallo del tribunal de alzada.

MAR DEL PLATA: Esto es lo que dejo a futuro el SIMAPE en el puerto de la ciudad

Los empresarios de la pesca de Mar del Plata auguraron un difícil futuro económico del sector tras los cuatro meses de paro que realizaron los marineros nucleados en el Sindicato Marítimo Pesquero (SIMAPE) en reclamo de un ajuste salarial. En el sector, ven con preocupación la situación cambiaria, ajustes impositivos y el aumento de costos que no encuentra su equivalente en el precio de los productos. El director de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, Darío Sócrate, afirmó que “la situación económica sigue tan fea y espantosa que antes”, y sostuvo que “el panorama no es bueno”. “La rentabilidad del sector ya no era buena antes del paro y no veo que eso haya cambiado. Las autoridades deberán reconocer esta situación para ver cómo pueden acompañar”, señaló Sócrate. En diálogo, Sócrate enfatizó que “estamos con mucha necesidad de trabajar”, y dijo que la mala situación económica se debe no solo al paro que afectó al puerto marplatense por más de cien días, sino también a otros factores. “Depende también del mercado externo, de la situación cambiaria y de los aumentos de los costos, se viene empeorando hace años, y tener un paro complica la cosa, la idea es tratar de mover la rueda para que las empresas funcionen”, explicó. En este sentido, evaluó que “son heridas que irán sanando, nunca habíamos tenido un conflicto tan violento y tan largo pero en definitiva la actividad pesquera de Mar del Plata y de varios países no merece que se siga parando la actividad”. Por su parte el presidente de la Cámara de Empresarios Pesqueros Argentinos (Cepa), Oscar Fortunato, en declaraciones, planteó que “tenemos algunas medidas que entendemos pueden ayudar; estamos viendo cuáles son las que pueden tener un impacto más rápido”. El portal especializado indicó, según datos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, que el precio promedio de merluza cayó un 3,6 por ciento en lo que va del año; el del langostino, un 10,5, y el de calamar, un 1,4 por ciento. Asimismo, según cifras del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), en los últimos 18 meses casi mil trabajadores vieron afectados sus labores, en un contexto donde industria intenta sobrevivir frente a bajos precios y altos costos. Al respecto, la secretaria general de SOIP, Cristina Ledesma, advirtió que “veníamos con problemas pero aumentaron significativamente a partir de la medida de fuerza del SIMAPE”.

Por fin alguien se dio cuenta como es la cosa y tiene ideas para tratar de solucionarlo

Las propuestas contemplan también imponer castigos a funcionarios públicos que, habiendo tenido que actuar ante las denuncias de violencia familiar, no lo hayan hecho, explicaron los legisladores durante una conferencia de prensa en el Senado. También establecen la creación de un registro nacional de deudores alimentarios en mora y plantean restricciones para estas personas como el impedimento de obtener o renovar el pasaporte, las licencias de conducir, tarjetas de crédito o la apertura de cuentas bancarias. Quienes adeuden cuotas alimentarias tampoco podrán conseguir habilitaciones para aperturas de comercios o industrias o desempeñarse en cargos públicos, ni obtener concesiones, permisos o licitaciones. El oficialismo aspira a que ambas iniciativas, que serán presentadas mañana en la mesa de entradas del Senado, sean tratadas en comisión a la brevedad para ser sancionadas antes de fin de año, adelantó Fernández. La primera de las leyes propuestas, denominada de "Protección, sanción y erradicación de la violencia y abuso de poder en el grupo familiar", determina que las denuncias podrán hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, las provincias o los municipios, y que podrá solicitarse la reserva de identidad del denunciante. Agrega que los niños y niñas y adolescentes podrán denunciar "por sí los hechos que los afectan" ante cualquiera de estos ámbitos y que los testimonios podrán ser verbales o escritos e incluso por vía de correo electrónico o en lenguajes alternativos en el caso de personas discapacitadas. El proyecto incorpora también la llamada "denuncia solidaria" para que terceros o "todos aquellos que se sientan afectados" por una situación de violencia puedan efectuarla sin necesidad de la presentación de pruebas. Corregido informó que se abrirán cursos de capacitación para todos los ámbitos del Estado encargados de recepcionar las acusaciones para que los agentes "estén preparados sobre cómo actuar ante una víctima de este tipo de delitos". "El principal objetivo es excluir al denunciado del hogar para poner fin lo antes posible a este tipo de situaciones", explicó Fernández, quien agregó que se dispondrá el impedimento de la portación de armas para los denunciados que las posean. Fernández admitió que "todas las leyes que se puedan hacer" en este sentido "son insuficientes", pero consideró que, si se aprueban, estas propuestas serán "herramientas contundentes" en la lucha contra la violencia familiar. "Lo primero que tenemos que hacer es proteger a la familia de aquel que comete este tipo de abuso de poder", sostuvo el senador del Frente para la Victoria, y se mostró confiado en que el resto de los partidos políticos "acompañará" estas iniciativas. Fernández advirtió que "no se puede esperar ver más muertes para conmoverse" y destacó el hecho de que los niños "puedan ser oídos" cuando padecen hechos violentos en el seno de la familia. En el caso de terceros o funcionarios públicos "obligados a denuncias y que omitieren cumplir con dicha obligación, se les impondrá una multa diaria equivalente al uno por ciento del sueldo básico de un juez por cada día de demora o pena de arresto de hasta diez días". "Si se tratara de un superior jerárquico la multa será de hasta el diez por ciento del sueldo de un juez y la pena de arresto será de hasta 30 días", agrega el texto de la iniciativa. La norma contempla la adopción de "medidas de protección" luego de efectuada la denuncia, como la exclusión del denunciado del hogar y disponer alimentos provisionales a favor del damnificado cuando el excluido fuese el sostén principal del hogar. En el caso que no permaneciere en el domicilio, se fijará para el damnificado un domicilio diferente para "protegerlo de posibles agresiones" o se lo ingresará a casas de refugio, hogares alternativos y hoteles. Además, prevé programas de prevención en medios de difusión masiva, la creación de un registro estadístico sobre denuncias por violencia familiar y la inclusión de planes de atención y tratamiento en obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Argentina realiza un reclamo ante la OMC

La Argentina presentó un reclamo contra la Unión Europea (UE), informó este lunes la Organización Mundial de Comercio, desafiando las normas españolas que, según alega el Gobierno, son discriminatorias contra sus exportaciones de biodiésel. La disputa surge luego que el bloque europeo reclamara contra la Argentina por las restricciones que aplica a las licencias de importación. Es además un reflejo del deterioro de las relaciones comerciales luego que Argentina tomó el control en abril de la petrolera YPF nacionalizando la participación que poseía la española Repsol en la empresa. Al "s

olicitar consultas" ante la OMC, Argentina le está dando a España 60 días para que demuestre que sus normativas no son injustas. Si el país sigue insatisfecho tras ese período, puede pedirle a la OMC que fije un panel de adjudicación que podría forzar a España a modificar su legislación si se considera que viola las normas del organismo de comercio. Argentina afirma que las normas, introducidas en abril, bloquearían completamente sus exportaciones de biodiésel a España. Previamente dijo que las reglas eran "proteccionistas" y advirtió que le costarían u$s1.000 millones al año por ingresos que dejaría de percibir por sus exportaciones. Las normas españolas son parte de la Directiva de Energía Renovable que está siendo implementada en los 27 Estados miembros de la UE. La legislación busca impulsar el uso de biocombustibles –en línea con los objetivos nacionales– e incrementar la seguridad de los suministros energéticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo en un comunicado que las normas españolas eran un intento por evitar que los países en desarrollo ganen más control en las cadenas de valor globales y que evolucionen más allá de su rol como proveedores de materias primas. Un funcionario de comercio argentino dijo a Reuters en junio que el comercio de biodiésel era equivalente de un 20% a un 30% de las exportaciones a España. Agregó que Indonesia, otro importante productor de biodiésel, también se oponía a las normas españolas. Aunque España es el blanco del reclamo, la UE representa sus intereses en la OMC. "La UE toma nota de la decisión de Argentina de solicitar consultas ante la OMC sobre la orden ministerial española del 20 de abril del 2012", dijo John Clancy, portavoz de Comercio de la UE. "Nos comprometeremos en buena fe en las consultas, que esperamos sean fructíferas. Estamos en contacto estrecho con las autoridades españolas y argentinas acerca de la materia", agregó.

MAR DEL PLATA: Los jueces alguna vez se pondrán las pilas con los casos de violencia de genero

Guadalupe, una víctima más de la violencia de género en Mar del Plata. Conoció a su pareja por chat, él era de República Dominicana, y ella lo ayudó a venir a Argentina. Durante el primer tiempo de relación todo estaba bien, pero luego la violencia pasó a ser parte de su vida cotidiana. No permitía que se comunicara con nadie, administraba su dinero y la maltrataba de manera constante. Un día, mientras chateaba con su madre, la agarró y mirando la cámara la amenazó con matarla con un cuchillo. Guadalupe, que está embarazada de tres meses, decidió que su vida ya no podía continuar de esa manera y se animó a denunciar para avanzar con su vida alejada de la violencia. Luego de varias denuncias en la Comisaría de la Mujer, le otorgaron una restricción de acercamiento. Sin embargo, Guadalupe y su madre piden mayor respaldo ya que no se sienten protegida con esta medida. En declaraciones, la madre de la joven de 30 años, que se encontraba en el exterior, comentó que luego de ver por la web cam como la vida de su hija corría peligro tomó el primer avión y regresó a la ciudad. Marta reseñó que sospechaba que la relación de su hija con su pareja no estaba bien, aunque no lograba que Guadalupe se lo reconociera. “Se ponía a la defensiva y se molestaba cuando le preguntaba algo. Además ponía excusas cuando aparecía con algún signo de violencia física”, precisó. Consultada acerca de si se charlaba en la casa sobre la violencia de género, Marta resaltó que “cuando aparecía un caso en la televisión Enrique insultaba a los que maltrataban a las mujeres y aseguraba que eso en su país no hubiese sucedido“. Con respecto a la medida de restricción que obtuvieron, sostuvo que no les brinda tranquilidad. “Vive a cuatro cuadras y salta los paredones con total impunidad, tenemos miedo”, confesó.