Comenzó la nueva cruzada de los que piensan en los argentinos para que los mismos de siempre se queden con todos y no lo puedan disfrutar los argentinos

Macri generó revuelo en los últimos días al asegurar que eliminaría el Fútbol para Todos si consigue llegar a la Presidencia. Se organizaba "bien sin la intervención del Gobierno", aseguró el jefe de Gobierno porteño. Funcionarios kirchneristas atacaron al líder del PRO por su postura y llegaron a decir que revela que en realidad quiere “una Argentina para pocos”. Sin embargo, éste volvió a defender su idea y argumentó que el dinero que se destina a ese efecto se podría usar para otros fines, como la vivienda, el transporte y la seguridad. Sin dar mayores detalles, se mostró a favor que las trasmisiones se rijan por un régimen mixto. "Será una combinación de cosas, pero falta mucho para eso. Tres años... Ya va a haber vías alternativas de transmisión, internet... Las cosas evolucionan. Lo que hay que tener claro son las prioridades", dijo. Pese a que Macri planteó un debate a largo plazo, Pinedo, la espada del PRO en Diputados, decidió adelantarse y llevar la discusión al Congreso. Presentó este martes un proyecto en el que asegura que se continuará con la trasmisión gratuita de los partidos, mientras que plantea cambios en el régimen de publicidad. “Debemos terminar con el vergonzoso uso político que el Gobierno realiza de Fútbol para Todos, atacando a quienes no piensan como ellos”, explicó el legislador. La iniciativa del presidente de la bancada macrista en la Cámara baja plantea comercializar la pauta publicitaria en forma anual, en licitaciones internacionales. Propone reservar el 10% de dichas pautas para que el Estado haga publicidad oficial gratuita, pero a su vez "prohibir la emisión de propaganda oficialista y de ataques". Por otra parte, insta a utilizar los 1.200 millones de pesos anuales que se destinan a ese programa para solucionar “diferentes necesidades sociales que aquejan a la sociedad argentina”. “Tenemos la oportunidad de ahorrarles a los ciudadanos miles de millones de pesos, los cuales pueden ser destinados, de manera transparente, a solucionar diferentes necesidades sociales que sufren los argentinos”, señaló Pinedo.

MAR DEL PLATA: Otra vez el puerto tiene momentos de tensión

Los referentes de los principales gremios de la actividad denunciaron que los armadores y empresarios pesqueros aplican un “lock out” que pone en riesgo la sustentabilidad laboral de todos los actores vinculados con la actividad en el principal puerto pesquero argentino. A las puertas de las paritarias, el panorama no es alentador y el temor a un conflicto como el ocurrido el año pasado, que mantuvo parada la actividad durante 80 días, aparece en el horizonte. Los dirigentes se volvieron a reunir en la sede de la Asociación Argentina de Capitanes en lo que fue el tercer encuentro en menos de un mes. “Es cierto que hay crisis, nadie lo discute, pero el sector conserva márgenes de rentabilidad que permiten sentarnos a discutir una actualización de salarios”, dijo una fuente que participó de la reunión al término del encuentro. Cristina Ledesma (SOIP), Carlos Mezzamico (SUPA), Walter Castro (SANAM), Juan Domingo Novero (SIMAPE), Mario Galano (Centro de Pilotos) y el anfitrión, Jorge Frías, participaron de la reunión y firmaron un comunicado donde denunciaron un “lock out” empresario. “Ponemos en conocimiento del público que habiéndose agotado los esfuerzos para encontrar una solución a la inactividad existente, la que se encuentra con un altísimo porcentaje de buques pesqueros que no zarpan y otros que lo hacen de manera secuencial y estratégica con conveniencia exclusivamente para el sector empresario, nos vemos obligados a denunciar sin dudas que una vez más pretenden utilizar a los trabajadores para lograr beneficios propios mediante la práctica del lock out”, expresaron. El nivel de actividad de la flota pesquera es pobre, con apenas el 30 por ciento de los barcos operando, según confiaron las mismas fuentes que participaron del encuentro. Los gremios se desligaron de cualquier responsabilidad que pudieran tener ante las consecuencias que podrían generar conflictos sociales y acciones directas que los propios sindicatos deban llevar adelante en defensa de los derechos de los trabajadores. “Nos hemos manifestado responsablemente para evitar cualquier situación de conflicto. Llevamos adelante reuniones con las distintas cámaras y empresas independientes como con algunas autoridades gubernamentales. A la fecha por toda respuesta hemos recibido un absoluto silencio”, confiaron los referentes sindicales.