El reclamo de la provincia de San Luis se resolveria en el transcurso de un año

La Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir en un reclamo del Gobierno de San Luis al Estado nacional por las retenciones. Esta mañana, la jueza Carmen Argibay se refirió al tema y estimó que recién "en un año" podría haber un fallo, si hay "suerte y viento a favor".
La magistrada explicó que la Corte aceptó tratar el reclamo por "una cuestión de competencia". En diálogo señaló que "el planteo de San Luis entra a la Corte porque es una provincia contra el Estado Nacional y no hay ningún tribunal que pueda ocuparse de esos dos personajes en un juicio que no sea la Corte".
Tras esta aclaración, Argibay aseguró que el pronunciamiento del máximo tribunal sobre las retenciones recién podría producirse "en un año, con suerte y viento a favor".
"Todo esto recién empieza", dijo. Y aclaró que para que la Corte se expida sobre las retenciones "falta mucho" porque ahora el Estado nacional tiene 60 días para contestar la demanda iniciada por el ex gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá.
"No tenemos forma de acelerarlo. No es una cuestión de que los jueces no trabajen, sino que hay una cantidad de pasos a seguir. Si ellos (El Estado) quieren, contestan antes, pero no podemos obligarlos a acortar el plazo", afirmó.
Una vez que el Gobierno responda a la demanda, dijo la ministra de la Corte, "probablemente tengamos que hacer alguna audiencia pública o algo así".
La jueza de la Corte Suprema consideró que San Luis "tiene varios argumentos" para pedir la inconstitucionalidad de esta alícuota. "Lo principal es que estas retenciones los han perjudicado. La provincia se presenta y dice que (la medida) es inconstitucional porque esto debería haber sido resuelto por el Congreso y no por decreto", explicó.
"Lo primero que hay que discutir es si las retenciones son impuestos. Si son impuestos, debe resolverlo el Congreso y no por decreto. Ese es el planteo que tenemos y hay que empezar por resolver eso.", concluyó.

MAR DEL PLATA: Se comenzaria entre fin de junio y principio de julio con las obras de repavimentación

El intendente Gustavo Pulti encabezó este miércoles, en la sede del Ente Municipal de Vialidad y Servicios Urbanos, el acto de apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas en llevar adelante obras de bacheo, en el marco del fideicomiso con el Banco Provincia.
El jefe comunal destacó la posibilidad de "detener un proceso de deterioro de nuestro patrimonio vial y esta recuperación de calle que hoy da un paso sólido con la apertura de las ofertas".
Pulti resaltó el compromiso de las autoridades del Bapro "que ha facilitado un procedimiento crediticio que hace que dispongamos aún en un marco de restricción económica de 30 millones de pesos para ser volcados en nuestras calles, donde hace muchos años que no se hacen inversiones de mantenimiento".
En otro segmento de la conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo resaltó que el hecho que a los 30 millones de pesos se le debe sumar los 9 millones de pesos que aporte Nación y Provincia, "o sea que en esta parte tenemos un flujo de inversión de 39 millones de pesos".
Pulti estimó que las máquinas estarán en acción a fines de junio y principio de julio. "Es el proceso que tarda en adjudicarse las obras. Hay ocho empresas que compraron pliegos para realizar las tareas de hormigón, carpeta asfáltica, cordón cuneta y fresado y recapado de Avenidas, en distintos sectores de la ciudad y ahora comienza el tiempo de evaluación y adjudicación de las obras", explicó.
Cabe destacar que las aperturas de sobres relacionadas con más obras de repavimentación proseguirán el jueves y viernes.
Por su parte, el titular de Obras e interventor del Emvisur, Manuel Regidor, expresó a su turno que "las obras se separaron en tres zonas y los criterios de selección de los lugares especificos de trabajo quedan establecidos en función de cuestiones técnicas y aspectos urbanísticos (arterias que son accesos a centros de salud, educativos o centros comunitarios)".
El funcionario también resaltó la consulta que se hará con las sociedades de fomento. "Ya se han cursado notas donde deberán manifestar aquellos lugares que consideran una reparación. Del cruzamiento de esa información surgirán los sectores a reparar", añadió.

Sigue la tension y todo cada vez se pone mas tenso

Mientras los camioneros autoconvocados refuerzan los cortes de ruta en varios puntos de seis provincias, el Gobierno y el campo vuelven a cruzarse. Esta vez fue por el ataque a un convoy que transportaba combustible cerca de la localidad entrerriana de Victoria.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche y en principio fuentes oficiales y policiales hablaron de una agresión a balazos, algo que fue puesto en duda por las pericias preliminares, que desliza la posibilidad de que los daños en neumáticos de los camiones hayan sido producidos por miguelitos. Lo cierto es que no hubo heridos, pero con la noticia, rápidamente surgieron voces del Gobierno y de las entidades del campo para cruzarse recriminaciones.
Uno de los camiones, de la empresa Repsol-YPF, sufrió la destrucción de una cubierta luego de que una camioneta viajara un trecho a su lado. En principio las fuentes hablaron de un disparo, pero las primeras pericias no señalaron compatibilidad del daño con el provocado por un arma de fuego. El hecho se produjo en el paraje "Los graneros", cercano al puente que une Victoria con la provincia de Santa Fe, de donde procedían los camiones.
La policía entrerriana identificó como Jorge Bussi, un transportista y productor rural de Entre Ríos, sobrino del represor y gobernador de facto de Tucumán Antonio Domingo Bussi, a una de las personas que protagonizó el ataque. De su camioneta 4x4 habría partido la agresión.
Esta mañana, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó que el episodio "es una muestra de intolerancia de quienes quieren imponer de cualquier forma sus pretensiones".
Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, sostuvo que es un "hecho totalmente ajeno a la modalidad de la protesta de la gente del campo", y juzgó "alarmante esta escalada de violencia" en momentos en que los productores "se están retirando de las rutas".
"Hay una marcada tendencia a colocar nuestra protesta en el foco de la mira como perturbadora de la paz social, cuando ha sido todo lo contrario en 90 días", advirtió Biolcati.
Mientras tanto, el clima en las rutas sigue siendo tenso. Los transportistas de cargas autoconvocados de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Córdoba y Santa Fe resolvieron seguir con los cortes de ruta en un centenar de puntos.
Los camioneros de estas seis provincias decidieron anoche seguir con la protesta hasta que se resuelva el conflicto del campo porque –según argumentan- sus actividades están paradas desde que se inició la pelea por las retenciones móviles entre los ruralistas y el Gobierno.
Por ello, mantenían los piquetes en diversos puntos. No dejan pasar ningún tipo de transporte de carga, pero sí permiten la circulación de micros de pasajeros, autos particulares, ambulancias y cargas de insumos médicos.

MAR DEL PLATA: Empresarios de la pesca "sorprendidos", las informaciones difundidas "faltaron a la verdad".

El presidente de la Cámara Argentina de Industria Pesquera (Caipa), Mariano Pérez, se refirió a la noticia difundida en las últimas horas por el Ejecutivo municipal acerca del fallo de la justicia en contra de empresas de la pesca que se oponen a la aplicación de la Tasa de Reinspección Veterinaria. El directivo sostuvo que la información los sorprendió y criticó la actitud del municipio al señalar que "faltó a la verdad".
A través de una gacetilla de prensa, el gobierno comunal había informado que cinco de los seis recursos de amparo presentados por empresas de la pesca, habían sido rechazados por la justicia de primera instancia en relación al cobro de la Tasa de Inspección veterinaria y control sanitario que lleva adelante la comuna sobre pescados y mariscos que ingresan al Partido de General Pueyrredon.
“Esa supuesta vía libre de la que se ata el Ejecutivo no es tan así. Sinceramente entendemos que existe una manipulación de información por parte del municipio, se han tergiversado algunos hechos y las ha trabajado de manera in temporánea, con lo cual han faltado a la verdad”, expresó.
Al brindar su visión de los hechos, Pérez explicó que los recursos judiciales se presentaron en 2007 “y tuvieron sentencia el año pasado y en febrero de este año, o sea, no es un hecho nuevo”.
“Sobre lo único que versó el dictamen de los tribunales fue que la vía elegida por los recurrentes no era la que correspondía en el estado de los hechos que actualmente existen y dejaron aclarado que debían agotarse las vías administrativas y los recursos judiciales ordinarios”, añadió.
Pérez indicó que en esa misma sentencia quedó establecido que no se trata la cuestión de fondo “y lo único que entendieron fue que el amparo no era la vía para plantear la discusión”.
Dentro de ese contexto, el directivo fue claro al sostener que “no se modificó el escenario en cuanto a la discusión y a la factibilidad del cobro de la tasa”.
Pérez subrayó que el sector no se niega a pagar, “lo que sí se plantea es la extralimitación que hace el Ejecutivo respecto al cobro de productos que no se consumen en el distrito, ahí está la discusión”, consignó.
El titular de Caipa agregó que propusieron abrir un diálogo para lograr un terreno alternativo donde el sector pudiese colaborar “porque hoy no estamos beneficiados con la situación del puerto, pero pareciera que el municipio no está abierto a desarrollar alguna idea más creativa y amplia para el sector y con estas actitudes nos sorprenden”.