El llamado a conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco de la negociación por la actualización de salarios con las cámaras empresarias de la pesca, fue anunciado como un triunfo en la batalla que libra por estas horas el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) para conservar la personería jurídica que le permite representar los intereses de sus afiliados ante la patronal. Sin embargo no se legitima al gremio. Lo aclara la misma Disposición 01/12 del Ministerio que abrió la instancia de negociación.
Juan Domingo Novero, secretario General del sindicato con mayor representatividad entre los tripulantes de la flota fresquera que opera desde la estación marítima local, como Pablo Trueba, el Adjunto, le llevaban tranquilidad a los afiliados reunidos el viernes en la asamblea convocada en el patio trasero.
“Si nos convocan a esta instancia quiere decir que nuestra personería no corre riesgos, que sigue todo como hasta ahora”, subrayaban los dirigentes sindicales antes de dar paso al orden del día previsto en la asamblea.
REVISTA PUERTO accedió a la Disposición 01/12 firmada por Jorge Schuster, delegado Regional Pampeana del Ministerio de Trabajo, que convocó a las partes a la conciliación obligatoria y que este miércoles tendrá su primer capítulo a instancias de Noemí Rial, viceministra de Trabajo.
El texto va a contramano de lo que informaron los dirigentes del SIMAPE. Entre los considerandos el documento destaca que con la intervención el objetivo primordial es tratar de avenir a las partes a fin que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto, que se garantice la paz social y la hipotética afectación de intereses de la comunidad “sin que ello implique alteración alguna del estatus jurídico que detenta la asociación sindical de conformidad a los antecedentes obrantes en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales”.
Lo que el Ministerio aclara es que lo prioritario es abrir un canal de negociación para que las partes se pongan de acuerdo. Y que cada actor interviniente mantiene su condición, no importa cual fuera.
“El mismo SIMAPE ha acatado conciliaciones obligatorias en años anteriores, cuando solo tenían una inscripción gremial simple”, recordaba un viejo abogado laboralista ayer, consultado por este medio.
En la Delegación local del Ministerio de Trabajo, en tanto, le quitaban trascendencia a los dichos del gremio y se remitían a la Disposición. “La Asociación del Personal Universitario (APU) de la Universidad Nacional de Mar del Plata adhirió más de dos veces a una conciliación obligatoria y no tenían personería gremial”, recordaba con un ejemplo práctico un viejo empleado de la dependencia.
La fuente confirmó que también en el edificio de la calle Santiago del Estero, en el microcentro de Mar del Plata, había llegado la notificación de los asesores letrados del SOMU en que advertían la imposibilidad del SIMAPE de firmar convenios colectivos en representación de los tripulantes de buques pesqueros en Mar del Plata.
En las próximas horas –la audiencia está prevista para después del mediodía– los dirigentes del SIMAPE podrán canalizar sus dudas ante las autoridades del Ministerio de Trabajo. Quizás no quieran asumir de manera tan frontal la delicada situación que atraviesan, aunque el ministro Tomada la semana pasada los tranquilizó sobre su futuro.
Quienes sí seguramente preguntarán por la validez del sello de goma del sindicato marplatense serán los representantes de la Cámara de Armadores y de CaIPA, los encargados de defender los intereses de los patrones. Funcionarios laborales les recomendaron tener cuidado con lo que firmaban con el SIMAPE.
Como vemos, adherir a una conciliación obligatoria contemplada en la Ley 14.788 no le quita ni suma nada a la situación jurídica que atraviesa el gremio encabezado por Novero en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
Si eso es bueno o malo lo veremos en el transitar de la negociación. Las empresas se valen de esa incertidumbre para dilatar los tiempos y será indefectiblemente la autoridad de aplicación la encargada de despejar sus dudas.
Las partes ya consumieron cinco de los 15 días hábiles habilitados para negociar. Nadie cree que en esta primera audiencia se levante la bandera blanca de la paz. Por las dudas la ley establece cinco días hábiles adicionales.
