MAR DEL PLATA: A partir del 5 de marzo se sabrá el futuro del juez Hooft

El juicio político que se le sigue al magistrado marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft por supuestos delitos de lesa humanidad en Mar del Plata comenzará a llevarse a cabo a partir del próximo 5 de marzo, informaron fuentes judiciales. El jurado será presidido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, y estará compuesto por los abogados conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Ricardo Rosello. También integrarán el jurado los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic. Este proceso, iniciado en 2006, ha sido demorado por diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo que las actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Incluso, tanto el actual presidente del jurado como el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron varias veces recusados por el magistrado marplatense -actualmente en funciones- incidentes que luego de un largo trámite han quedado desestimados. Fuentes judiciales señalaron que a partir del 5 de marzo el jurado deberá resolver si corresponde la suspensión del juez, y tendrá que indicar la fecha en la que se llevará a cabo el debate oral. Hitters, titular de este jury, es miembro de la Corte provincial desde hace 17 años, de la cual fue presidente en dos oportunidades, es profesor universitario y autor de varios libros de derecho.

Desde febrero 2010 la inflación de enero fue la más alta con el 1,1%

El Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires registró en enero una variación de 1,1% con relación al mes anterior y de 11,1% con respecto a igual mes del año anterior, en contraste con 26,3% de la denominada inflación Congreso. La inflación mensual fue la más alta desde febrero de 2010 cuando la estadística oficial arrojó 1,2%, mientras que la tasa anualizada es la más elevada desde julio de ese año, cuando se ubicaba en 11,2 por ciento. Entonces la economía acusaba los efectos recesivos de la crisis financiera y fiscal internacional, en una magnitud claramente mayor que en la actualidad, principalmente por lo sorpresivo, pero también porque ahora muchos países, en particular vecinos, han logrado interesantes tasas de crecimiento. En el subibaja Atenuaron la suba las liquidadaciones en el rubro ropa y calzado, que arrojó una baja de 4 por ciento. Por el contrario, contribuyeron a la aceleración la suba de 7,8% en el rubro transporte y 3,5% en el segmento esparcimiento, donde los servicios del turismo se encarecieron 12,9% y los diarios y revistas 6,3%, informó el Indec. El agregado alimentos y bebidas apenas se movió 0,3%, claramente influenciado por las deflaciones de 2% en frutas y 1,1% en verduras que arrojó el relevamiento oficial. La suba de los precios al por mayor repitió la variación de diciembre, con otro 1% a los ojos del Indec, y el costo de construcción también repitió el movimiento del mes previo, con 0,4 por ciento. El informe del Indec indicó que mientras el costo del metro cuadrado de construcción aumentó 0,6% para el caso de las viviendas multifamiliares, en el caso de las obras unifamiliaries, por el contrario, se anotó deflación de 0,1 por ciento.

MAR DEL PLATA: Para no perder la memoria

La ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), que durante la última dictadura militar funcionó como centro clandestino de detención, fue señalizada con una placa recordatoria de esos hechos, en un acto que contó con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos. El acto se realizó en la avenida Martínez de Hoz al 3700, en la zona del Faro Punta Mogotes, con la presencia de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Defensa, de la secretaría de Derechos Humanos bonaerense y del municipio local. También se hicieron presentes distintas agrupaciones políticas y sociales como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, La Cámpora, Kolina, Movimiento Evita, JP Buenos Aires, La Güemes, CTA y Nuevo Encuentro, entre otras. Los militantes coincidieron en que el Faro debe convertirse en un espacio abierto al público, como lugar de reflexión y memoria para Mar del Plata. Un sobreviviente de la ex ESIM, Pablo Mancini, detenido 107 días en forma ilegal en ese sitio durante la última dictadura militar, dijo: “Queremos dejar testimonio y un mensaje para toda la ciudadanía y todo aquel que pase por acá, porque tienen que saber lo que ocurrió en este lugar. El secretario de Interior de Suteba y secretario de Relaciones Institucionales de CTA Buenos Aires, Raúl Calamante, recordó que a lo largo de estos años madres, abuelas e hijos han exigido y militado por la justicia y verdad, y hoy es un capítulo importante de este proceso, que abre las puertas a otras vinculaciones que existieron en la ciudad, como algún sector de la Iglesia y también con grupos económicos y funcionarios judiciales. El predio donde funcionó un centro de detención ilegal fue declarado Sitio de Interés Histórico por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón e incorporado al Patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires como bien de interés histórico-testimonial. Según testimonios de esa época, en al menos dos edificaciones cercanas al Faro permanecieron secuestrados hombres y mujeres por su militancia política y social, donde fueron sometidos a torturas para luego ser derivados a otros centros clandestinos, liberados, asesinados o desaparecidos. El lugar formó parte de un circuito criminal junto con la Base Naval y la Prefectura de Mar del Plata, que operó bajo la órbita de la Armada Argentina, en coordinación con el Ejército.

Están donde tienen que estar

Los acusados fueron hallados culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en el marco del denominado juicio “Base Naval II”. Se trata del ex teniente coronel del Ejército Alfredo Manuel Arrillaga y los ex marinos Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice. La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo, que integran el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, quienes coincidieron con el pedido fiscal y de los particulares damnificados en esos siete casos. Los condenados fueron investigados por homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de 69 perseguidos políticos, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina y Escuela de Infantería de Marina (E.S.I.M). En tanto, los ex marinos Justo Alberto Ignacio Ortiz, Julio Cesar Falcke y Angel Narciso Racedo fueron condenados a 25, 14 y 12 años de prisión, respectivamente; los ex prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva a 14 y 10; y el ex marino Juan Carlos Guyot, abogado auditor de la marina, a 3 años de prisión. Entre las víctimas se encuentran Susana Haydeé Valor (embarazada) y su pareja, Omar Alejandro Marocchi; Susana Beatriz Pegoraro (embarazada); Laura Adhelma Godoy de De Ángeli (embarazada); Liliana del Carmen Pereyra (embarazada) y su pareja, Eduardo Alberto Cagnola; y Patricia Elizabeth Marcuzzo (embarazada) y su pareja, Walter Claudio Rosenfeld. En octubre último los representantes del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitaron, además de las perpetuas a los siete represores, las penas de 25 años de prisión a Ortiz, Falcke y Racedo y a los ex prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva. Además, la fiscalía y el organismo provincial de derechos humanos solicitaron que se le aplicara la pena de 4 años de prisión a Guyot, mientras que la dependencia nacional requirió que le aplicaran 15 años y la APDH había pedido 6 años. En esta causa también estaba acusado el ex coronel Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado por cuestiones de salud, y durante la instrucción fallecieron el ex marino Juan Carlos Malugani y el ex jefe de la Subzona XV del Ejército Pedro Barda, también imputados.