El juez federal Norberto Oyarbide confirmó esta mañana que derivará a la Corte Suprema los casos en los que pudiera haber diplomáticos en funciones involucrados en el escándalo de los autos importados en forma supuestamente irregular con franquicias diplomáticas.
"Si (entre los imputados) hay alguna persona con estado diplomático yo dejo de actuar y automáticamente doy intervención directa a la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo manda la Constitución nacional", dijo el magistrado esta mañana.
El anuncio de Oyarbide coincide con los trascendidos sobre cierto malestar en las embajadas de países extranjeros con el Gobierno nacional por la difusión que tuvo el caso, y una nota que envió la Cancillería a la representación diplomática de la Santa Sede para calmar los ánimos.
En la lista contenida en el requerimiento de instrucción del fiscal Luis Comparatore figuran varios embajadores y decenas de cónsules y funcionarios de representaciones diplomáticas, sobre los cuáles Oyarbide pidió precisiones del estatus de cada uno a la Cancillería.
El escándalo estalló el lunes cuando la Cancillería presentó una denuncia penal a raíz de una auditoría que detectó irregularidades en el "circuito de ingreso, circulación y nacionalización" de automotores ingresados al país con el beneficio de la exención impositiva de la que gozan las misiones y las representaciones extranjeras, sus funcionarios y empleados entre 2004 y 2007.
Entre los casos más resonantes, figuran los siguientes embajadores: Aramis Fuente Hernández (Cuba), Luis Maira Aguirre (Chile), Larbi Reffouh (Marruecos) Yuri Korchagin (Rusia), Francisco Bustillo Bonasso (Uruguay) Ishtiaq Andraht (Pakistán). Además de numerosos diplomáticos de países como Brasil, Congo, España, Estados Unidos, Venezuela y Comisión Europea.
La intención del juez es determinar si hay pruebas sobre la comisión de delitos contra los representantes extranjeros y si los funcionarios bajo sospecha están actualmente acreditados como diplomáticos o ya cumplieron con esa función.
En forma paralela a esta causa, iniciada por una denuncia de la Cancillería, en el fuero penal económico el juez Marcelo Aguinsky instruye una causa basada en la denuncia que radicó el titular de la Aduana, Ricardo Etchegaray, por posibles maniobras de contrabando.
En ese expediente, el viernes pasado Aguinsky prohibió la circulación de 56 exclusivos vehículos Porsche y Hummer importados al país con franquicias impositivas diplomáticas y cuyos dueños ahora son ciudadanos argentinos, entre los que hay varios ricos y famosos.
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