Ya son 40 los detenidos por los pasaportes truchos

El escándalo por la falsificación de pasaportes conmocionó al fútbol argentino. Por la investigación que lleva adelante el juez Oyarbide ayer se realizaron 110 allanamientos y ya son 40 los detenidos sospechados de integrar una red que conseguía la ciudadanía falsificando firmas y sellos. El cónsul italiano en nuestro país, Giancarlo Curcio, admitió hoy que "hay gente que tenía derecho a la ciudadanía pero hizo un trámite que no corresponde" y agregó que muchas personas acudieron a gente que hace "promesas que después son peligrosas". Curcio explicó que "hubo gente que cayó con buena fe" pero que se vio perjudicada por no acudir "a los consulados, que son los únicos organismos competentes para tramitar la ciudadanía". Y explicó que "sólo se debe hacer este trámite en los consulados, nada de gestorías, ni de personas que hacen promesas que después son peligrosas". Hasta ayer, las personas detenidas eran 24, pero esa cifra se incrementó en horas de la madrugada hasta llegar a 40. Del total, 32 son mujeres. Además, el cónsul se refirió a la situación de los futbolistas que están involucrados en la causa. "La justicia va a determinar si hubo dolo o delito. Hay jugadores que tienen derecho a la ciudadanía, no por ser jugadores dejan de tener ese derecho". Y puso como ejemplo a lo que sucedió con Carrizo, a quien se le negó la ciudadanía. "El año pasado de Carrizo se escucharon numerosas actuaciones. El presentó documentación que no fue aceptada en Italia y ahora está jugando como argentino", explicó. Los 110 allanamientos, de los que participaron 600 efectivos de Gendarmería Nacional, fueron ordenados por el juez federal Norberto Oyarbide, encargado de llevar adelante esta megacausa en la que, entre otros casos, se realizaron maniobras para que muchos futbolistas que no tienen ascendientes italianos pudieran acceder a esa nacionalidad y convertirse en jugadores comunitarios, condición que habilita para jugar en cualquier país de la Unión Europea. Fuentes de la investigación confiaron que tienen la sospecha de que la banda contaría con el fundamental apoyo de un empleado del consulado italiano y otro de la municipalidad de una localidad italiana cuyo nombre no trascendió. "Hace un año y medio, cuando tomo mi cargo en el consulado encontramos algunas ciudadanías que presentaban sellos y adulteración de firmas. Y como corresponde presentamos la denuncia ante las autoridades italianas y argentinas ", contó Curcio. Las penas posibles Los delitos que se investigan en la causa que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide son los de "falsificación de documento público" y "asociación ilícita". En el caso de ser encontrados culpables del primero, la sanción sería de uno a seis años de prisión. Mientras que en el segundo, se prevén penas más graves, que van desde los tres hasta los 10 años. Y no se trata de un delito excarcelable.