Por irregularidades en el caso AMIA mandan indagar a Menem

El juez federal Ariel Lijo, quien investiga las graves irregularidades cometidas en la investigación por el atentado contra la AMIA, ordenó la indagatoria del ex presidente Carlos Menem y de otros seis imputados por la supuesta protección que le brindaron al empresario textil Alberto Kanoore Edul, quien está sospechado por un llamado que le hizo a Carlos Telleldín. Además de Menem, deberán desfilar por el juzgado de Lijo el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex magistrado Juan José Galeano y el ex Comisario Jorge "Fino" Palacios, y otras tres personas. Se los acusa, con distinta participación, de demorar un allanamiento y perder las grabaciones de unas escuchas telefónicas que incriminaban a Kanoore Edul. Según el fiscal Nisman, el juez tuvo por probada la visita que le hizo Alberto Kanoore Edul (padre) al ex presidente Menem en la Casa Rosada el 1 de agosto de 1994, en el preciso momento en que se encontraban allanando la vivienda de su hijo y acreditó también el posterior llamado telefónico que efectuó Edul a la oficina de Munir Menem. Además, habría pruebas sobre la vinculación entre Kanoore Edul y Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, y con pedido de captura avalado por Interpol, por su participación en el atentado. A Galeano, se lo acusa de dar de baja las intervenciones telefónicas de los abonados de Kanoore Edul, omitir el análisis de elementos secuestrados en uno de los allanamientos a Edul y de la desaparición de los legajos con las transcripciones de las escuchas telefónicas. Si bien Edul era dueño de una empresa textil, se hallaron en su agenda 11 números de teléfonos y direcciones de talleres mecánicos. Además, se encontró la dirección de Moshen Rabbani. La decisión de Lijo responde a una presentación judicial que hizo en mayo de este año el fiscal Nisman. Entre los delitos mencionados en ese escrito, figuran el incumplimiento de los deberes de funcionario público, destrucción de objetos destinados a servir de prueba, falsedad ideológica de instrumento público y falsedad por supresión o destrucción de documentos públicos, delitos por los que les puede corresponder una pena de hasta 21 años de prisión.