Se abrio una vieja polémica tras la posible despenalización de tenencia de drogas

La confirmación de que la Corte Suprema de Justicia está cada vez más cerca de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal reavivó la polémica. Desde la Asociación Antidrogas salieron a cuestionar el posible fallo –que saldría eventualmente en febrero- como una decisión que favorecerá a los vendedores minoristas de estupefacientes. Pero el comité de expertos que asesora al Ministerio de Justicia insistió en que es la actual ley, que penalizó la tenencia, la que es "funcional al negocio de la droga". Seis de los siete miembros del SupremO Tribunal están a favor de la despenalización. En lugar del castigo penal, quieren impulsar la asistencia médica. El tema ya tuvo varias idas y vueltas a lo largo de los años en la propia Corte Suprema. La postura actual coincide con la del Gobierno. En declaraciones, el titular de la Asociación Antidrogas, Claudio Izaguirre, sostuvo que si la Corte falla como se prevé le hará "un enorme favor a los vendedores minoristas". La despenalización, opinó, "es una decisión que va a traer gravísimos problemas y lo que va a suceder es que se va a volver a un régimen muchísimo más duro por las consecuencias que va a generar". Con una mirada totalmente contrapuesta, la fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora del comité de expertos convocado por el Ministerio de Justicia para actualizar la legislación vinculada a la droga, descartó categóricamente que el proyecto para despenalizar la tenencia para consumo personal favorezca el narcotráfico. "Lo que ha sido funcional al negocio de la droga es la ley que está vigente", le dijo a la misma emisora. "Despenalizar, no criminalizar a una persona que tiene un problema con sustancias prohibidas, no es lo mismo que legalizar, no es lo mismo que droga libre", argumentó la fiscal. "Una persona con un problema de adicciones no debe ser discriminada y tiene derecho a una asistencia, a que una prepaga lo cubra y a políticas públicas que garanticen prevención", agregó. Izaguirre, en cambio, sostiene que la asistencia va a empeorar. "Hasta ahora –afirmó- el adicto que llegaba a un tribunal por tenencia de una pequeña cantidad era mandado a un centro de rehabilitación y el Estado pagaba el tratamiento. (Si se despenaliza la tenencia para consumo) el adicto lamentablemente no va a tener posibilidades de atenderse salvo que cuente con el dinero suficiente para hacerlo".