Se intervino el Policlinico de la obra social bancaria por la mafia de los medicamentos

Empleados y afiliados a la obra social bancaria celebraron este mediodía la intervención federal dispuesta por el Poder Ejecutivo, en tanto la vicedirectora de la entidad, Susana Fiona, mano derecha de Paula Aballay -mujer de Juan José Zanola- debió retirarse con custodia policial, mientras era agredida por manifestantes. Los incidentes en el policlínico de la avenida Gaona se produjeron a los pocos minutos que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunciara la intervención de la obra social a pedido del juez Norberto Oyarbide, quien investiga la causa de los medicamentos adulterados. El magistrado había solicitado la intervención "a los fines de proteger la salud de los afiliados". Tras analizar el reclamo de Oyarbide, Fernández sostuvo que "la señora Presidenta ha decidido firmar hoy el decreto que interviene la obra social" y "nombró como interventor a Pedro Ferrara". Ferrara, quien fue descripto por el funcionario como "un prestigioso oncólogo platense", comenzará a desempeñarse como interventor mañana, tras la publicación del decreto que lo faculta en el Boletín Oficial. Horas antes de la intervención de la obra social, Oyarbide había adelantado que citará a declarar a Zanola y a su pareja en calidad de imputados. "Zanola está altamente comprometido" en la causa por la mafia de los remedios, dijo. En este sentido, el juez señaló que el gremialista quedó vinculado a la investigación "en base al material reunido" por medio de escuchas telefónicas y allanamientos. El magistrado también adelantó que citará al ex subsecretario bonaerense de Salud Alberto Costa, separado de su cargo a raíz de la investigación, y al empresario farmacéutico Néstor Lorenzo. En la puerta de su casa, Oyarbide aseguró que "de ser necesario" también citará a declarar al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y a su par bonaerense, Claudio Zin, aunque no aclaró si como imputados o testigos. El viernes, el magistrado le pidió al jefe de Gabinete que informe a la presidenta Cristina Kirchner de los "acontecimientos" registrados en la investigación ya que -según dijo- son "de una gravedad inusitada y comprometen la salud pública". Ese día, por orden del juez, se allanó el policlínico bancario, en el barrio de Caballito, y se encontraron remedios oncológicos vencidos y otros sin fecha de vencimiento, según revelaron fuentes de la investigación. Además, se detectó una oficina de la droguería San Javier -perteneciente a Lorenzo- que funcionaba dentro mismo del policlínico.