El despido de una mujer que desarrollaba tareas en una empresa cooperativizada de taxis despertó una polémica entre el Sindicato de Empleados de Comercio y las autoridades de la entidad, que derivó en la intervención de la Oficina Municipal por la Igualdad, ya que se argumenta que la decisión de la cesantía laboral fue un acto de “discriminación” ya que la damnificada sufre una discapacidad motriz.
El secretario gremial de los Mercantiles, Guillermo Bianchi, sostuvo que se trata de una medida sin precedentes por tratarse de una cooperativa de taxis “vulnerando todo precepto cooperativo y rasgo de humanidad”.
El dirigente mercantil señaló que mantuvieron reuniones con la comisión directiva de la cooperativa donde los directivos argumentaron una difícil situación económica “y decide solucionar sus problemas financieros despidiendo trabajadores”.
Ante esta situación, el gremio acudió al Ministerio de Trabajo donde expusieron las razones para que no se despida a la gente (siete personas), conviniendo con el otro gremio afectado SMATA que se querían retirar de manera voluntaria.
Sin embargo, al día siguiente se recepciona en el SECZA una carta documento de una trabajadora que presenta una discapacidad motriz permanente, ante lo cual resolvieron reunirse una vez más con la empresa, donde encuentran como respuesta que desconocen la discapacidad. “Un argumemnto inhumano para con una compañera que hace 15 años trabaja en ese lugar y fue operada hace dos años por un problema en la cadera con un largo post operatorio y tiene fecha para una nueva intervención en pocas semanas”, comentó Bianchi.
“Llegamos a la conclusión que ese despido es arbitrario y discriminatorio, sumado al agravante que la mujer es sostén de familia y tiene una hija”, subrayó.
El secretario gremial apuntó que no hallaron una respuesta “lógica” del presidente de la cooperativa, Angel de Paolo, y decidieron darle intervención a la Oficina Municipal por la Igualdad, a través de su titular la doctora Agustina Palacios.
Ante el agotamiento de las instancias de diálogo, el gremio resolvió llevar adelante una movilización contra la empresa.
LA EMPRESA SE DEFIENDE
Por su parte, el presidente de Taxicoop, Angel De Paolo, avaló la decisión de cesantear a la mujer al fundamentar que debieron hacer un ajuste de personal por cuestiones económicas y que derivó en el despido de siete trabajadores.
“Esta mujer trabajaba en la central de radiollamado junto con otra empleada, hija de un consejero de la empresa que también fue despedida e indemnizada”, señaló.
Con respecto a la acusación de un acto de discriminación, el empresario dijo que “esta señora se operó hace un tiempo y estuvo un año sin trabajar, gestionó el certificado de discapacidad ante la ANSES y se lo negaron y para nosotros no es una mujer con discapacidad”.
De Paolo recordó que en la reunión en el Ministerio de Trabajo “se acordó la indemnización de todos los trabajadores y ahora hacen este planteo que está fuera de lugar”.
Mientras que reafirmó que detrás de esta medida no se esconce un acto de discriminación “porque si le denegaron el certificado considero que no tiene ninguna discapacidad”.
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