Las extradiciones del ex fiscal de Mar del Plata Gustavo Demarchi desde Colombia; y del ex juez de Mendoza Otilio Romano desde Chile, son dos procesos que están pendientes.
En el caso de Demarchi, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad cuando comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A, la Corte Suprema colombiana le negó, a fines de 2011, asilo político.
De esta forma se allanó el camino de la extradición del ex fiscal, quien es esperado en Mar del Plata, para ser juzgado en una causa en la que está imputado junto a otros siete ex miembros de la CNU, detenidos con prisión preventiva.
Los magistrados colombianos rechazaron la solicitud de refugio de Demarchi “por improcedente”, ya que el represor había alegado que está siendo perseguido políticamente en la Argentina.
Los jueces colombianos consideraron que “la discusión promovida ante el juez federal de la causa no es entre delitos políticos y delitos comunes, como lo afirma el defensor en este trámite de extradición, sino entre ‘delitos comunes prescriptibles y delitos de lesa humanidad imprescriptibles’”.
Demarchi fue detenido por Interpol hace un año en Bogotá, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010.
La captura internacional fue solicitada por el juez federal Rodolfo Pradas en el marco de la investigación de los crímenes cometidos entre 1975 y 1976 por la CNU de Mar del Plata.
Demarchi ingresó a Colombia como turista, se presentó como un “perseguido político” y pidió ser asilado por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien finalmente se lo negó y así aceleró el proceso de extradición.
Por otra parte, en el caso de Romano, fue detenido por Interpol en un domicilio en la localidad chilena de Reñaca.
Así lo había solicitado el ministro de la Corte Suprema de Chile, Adalís Oyarzún, quien ordenó la detención preventiva de Romano, tras analizar la información entregada por el ministerio del Interior sobre la petición de refugiado que hizo a Chile el destituido camarista, prófugo de la justicia argentina desde agosto.
De esta forma, se avanza en el pedido de extradición de Romano solicitado por la justicia argentina por considerarlo partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.
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