El gobierno de Mariano Rajoy anunció la adopción de medidas en el ámbito del biodiésel en respuesta a la decisión de Cristina Kirchner de expropiar el 51% de la petrolera YPF, filial de Repsol.
El anuncio fue realizado este mediodía por la vicepresidente del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que se analizaron las posibles medidas que piensa poner en marcha ante la expropiación de la petrolera.
La funcionaria destacó también "el enorme apoyo" internacional recibido a raíz de esa medida anunciada por la Argentina y afirmó que el Ejecutivo español "seguirá buscando medidas y acciones de naturaleza diplomática" en todos los foros mundiales.
Al mismo tiempo, indicó que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presentó en el Consejo de Ministros una orden ministerial (que será firmada esta tarde y publicada mañana) para asignar cuotas de producción de biodiésel en las plantas españolas, lo que limitará la entrada del producto refinado procedente desde la Argentina.
Aunque los detalles de estas medidas serán precisados por el Gobierno, la vicepresidente dijo que se trata de "un sistema de medidas equivalentes que tiene por objeto establecer la circunstancia en que se logrará esa medida de efecto equivalente cuando se adquiera biodiésel de empresas que tengan ciertas autorizaciones y que deban estar situadas en el territorio español o comunitario".
Se trata de una acción "que logrará un apoyo a esas operaciones de refino por parte de empresas españolas o comunitarias y que busca colocarlas en una situación adecuada para poder prestar ese biodiésel en condiciones que lo hagan competitivo", agregó.
La industria española de biodiésel reclamó el pasado mes al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que publicara la normativa de asignación para frenar las importaciones que consideran desleales por parte de la Argentina e Indonesia y que afectan al sector.
La vicepresidente agradeció "el enorme apoyo internacional" –tanto de la UE como de los EEUU y en Iberoamérica– que dijo que ha recibido el gobierno español a raíz del anuncio de la presidente argentina, Cristina Kirchner, de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF.
Consideró que este amplio respaldo puso de manifiesto "la convicción de todos" de que situaciones como la creada por el anuncio de expropiación afectan a toda la comunidad internacional y son medidas que "van en contra de los propios intereses" de quien las adopta y "dañan su reputación".
Agradeció, asimismo, la resolución aprobada hoy por el Parlamento Europeo, de la que destacó que afecta a la "extinción del Sistema Generalizado de Preferencias" arancelarias a la Argentina y puede influir en las negociaciones en curso sobre un acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur, del que forma parte el país austral.
De las ventajas arancelarias se benefician en su entrada al mercado europeo los biocombustibles y la materia prima para producirlos, así como aceites de soja y girasol; aceites esenciales de limón; gambas y filetes congelados de merluza; zumos de cítricos; tabaco; mandarinas y uvas de mesa.
Según datos de 2010 facilitados por la Comisión Europea, las exportaciones argentinas hacia la UE beneficiadas por las ventajas aduaneras representaron 2.400 millones de euros, lo que supone cerca del 27% del total de las ventas de ese país a la Unión Europea.
Sáenz de Santamaría afirmó que "en los últimos años la Argentina ha sido denunciada ante el CIADI" y "hay 25 casos pendientes de resolución" en ese tribunal arbitral para causas comerciales del Banco Mundial.
"Los incumplimientos de la Argentina son bastante generalizados", sentenció, y recordó que "un grupo de 40 países, entre ellos la Unión Europea y los Estados Unidos, presentó un reclamo ante la OMC (Organización Mundial de Comercio)", a raíz de las restricciones a las importaciones.
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