Para lavarse las manos todos saben como hacerlo

Fuentes judiciales confirmaron que el presidente de TBA explicó que su función es "institucional y de representación" y "no operativa" en la empresa concesionaria, que en TBA hay unas 4500 personas y negó por lo tanto tener algún tipo de responsabilidad en el hecho investigado. Luego de entregar un escrito, respondió unas 20 preguntas realizadas por el magistrado. Ferrari ingresó al despacho del juez acompañado por su abogado Martín Clemente, y entregó un extenso escrito en el que explicó que está al frente de Trenes de Buenos Aires desde hace un año, como presidente y que la concesión data de 17 años atrás, que su rol es "funcional, institucional" y que en ese período tuvo a su cargo distintos negocios como la implementación de la tarjeta SUBE, la puesta en marcha del tren Gran Capitán y del ferrocarril a Uruguay. El imputado, explicó que no tiene funciones relativas al mantenimiento de las formaciones ni las condiciones de circulación y sostuvo que sus "gerentes operativos" convocado a indagatoria darán las explicaciones correspondientes. La imputación al directivo es la "impropia utilización del material rodante, de la infraestructura concesionada, del personal transferido y de los fondos que el Estado puso a su disposición para ofrecer un mejor servicio de transporte público de pasajeros, digno y confiable y con una superior calidad y frecuencia a la actual". El otro indagado hoy, Gariboglio intentó pedir una prórroga, pero como Bonadío ya había anticipado que iba a rechazar esos pedidos, en el expediente se dejó constancia de su negativa a declarar y de su intención de hacerlo más adelante, indicaron los voceros consultados. Se trata de las primeras indagatorias de los 30 imputados de la causa que serán interrogados por el juez porque tendrían alguna responsabilidad en el accidente que causó 51 muertos ocurrido el 22 de febrero pasado. En la lista de imputados que serán interrogados figuran entre otros los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, Claudio Cirigliano de TBA, y ampliará su indagatoria el maquinista de la formación Marcos Córdoba. Por ahora se les imputa el delito de estrago culposo, que en su figura agravada al producirse muerte, tiene una pena de hasta cinco años de prisión., y para el fiscal Federico Delgado podría aplicarse además la figura de peculado, dentro de los delitos contra la administración pública. Hasta ahora el único indagado había sido el maquinista Córdoba, quien sostuvo que no le funcionaron los frenos, pero las pericias realizadas por los especialistas de la UBA determinaron que los mismos estaban en condiciones de ser accionados. Por otra parte, el abogado Clemente, quien patrocina a todo el directorio de TBA, recusó a uno de los peritos de la Universidad de Buenos Aires que participó de la pericia sobre el tren, Juan Brito, al considerar que no participó del debate final por la pericia y que pudo ser "presionado" por medios de comunicación, según indicaron las fuentes.