La Cámara de Diputados inició la sesión este mediodía y poco antes de las 12 el kirchnerismo consiguió el quórum necesario para debatir el proyecto que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía Sudamericana de Valores, ex Ciccone. Los legisladores también abordan la validez del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispuso la intervención transitoria de la ex Ciccone por un plazo de 60 días.
Pese a que el oficialismo se encamina a lograr el número necesario con cierta holgura, quedó claro que la medida no sorteará este trámite con el mismo consenso que consiguió en el Senado. Y es que las voces críticas se hicieron escuchar con más fuerza, y en este caso los bloques opositores que acompañarán el proyecto exigirán además que una comisión parlamentaria investigue el caso.
Durante su exposición como miembro informante del proyecto, la kirchnerista Diana Conti destacó que el vicepresidente Amado Boudou no está implicado de forma "relevante" en las investigaciones por irregularidades en la venta de la ex Ciccone Calcográfica. "Dejemos que los caminos de la Justicia caminen por donde tienen que ir", solicitó, al tiempo que recordó los proyectos opositores que también sugerían expropiar la planta.
Conti se refirió así al que sin dudas fue el eje de las diatribas más duras a lo largo del debate. Tal fue el caso del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Mario Negri, quien denunció en el Gobierno que “ahora la estrategia es, ante las gravísimas sospechas de corrupción existentes en este caso, intentar hablar de expropiación en lugar de corrupción”. “Solamente queremos saber si existe alguna vinculación entre Vandenbroele y el vicepresidente; entre funcionarios de la UIF y de otras reparticiones del Estado”, explicó.
Julio Martínez, también de la UCR, fue más lejos en la acusación: “Entendemos que Boudou está comprometido y, seriamente, en este tema”, dijo, y acotó: “Esto es un escándalo, no se enmarca en una estatización común”.
Elisa Carrió, de la Coalición Cívica-ARI, afirmó que “no hay dudas que el señor Amado Boudou es el propietario de la empresa a expropiar”, y, fiel a su estilo, acusó a todo el Gobierno de estar detrás de la causa: "Este no es un negocio personal del vicepresidente, es un negocio del poder".
Apoyo condicionado
Al igual que en la Cámara alta, el proyecto logrará contar con el respaldo de opositores. Entre ellos figura el bloque Proyecto Sur de Fernando “Pino” Solanas, quien defendió la medida por tratarse de una “tarea patriótica”. Sin embargo, no ahorró críticas contra el Gobierno.
“A nadie se le escapa que el país está cruzado por todo tipo de mafias”, indicó. Se preguntó, no obstante, qué objeto tendría dejar la empresa en manos de ese tipo de personas.
“No hacemos leyes para 15 días, hacemos leyes para muchos años”, señaló, aunque dijo que presentaría un proyecto para pedir una comisión permanente que estudie el futuro complejo.
Similar recurso utilizó Felipe Solá para argumentar su voto. El legislador peronista adelantó su acompañamiento en general, pero cuestionó con dureza el modo en que se llevó adelante la discusión y coincidió con la necesidad que una comisión del Congreso siga el caso.
“La mayoría que consigue las leyes que quiere la Presidente en un tiempo tan rápido que ya se ha olvidado tiene responsabilidades y no las cumple”, lanzó. Consideró que “corresponde que se haga un desagravio a quienes votarán en contra, porque se los ha llamado borregos”.
Solá aludió así a las críticas que la oficialista Diana Conti había hecho en la víspera contra quienes se opondrían a la medida. "La actitud es lo ‘hago rápido, lo hago mal y si puedo te ofendo’”, dijo, y se quejó “por las formas”.
El PRO, el Frente Peronista, la Coalición Cívica y la UCR ya anticiparon que se opondrán a la expropiación por considerar que el Ejecutivo nacional busca despegar al vicepresidente del caso. En tanto, el sector que lidera Solanas y el Frente Cívico de Córdoba (que responde a Luis Juez) acompañarán el proyecto, al igual que aliados del kirchnerismo como el bloque Nuevo Encuentro.
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