No era que el oficialismo no iba a permitir modificaciones a la reforma judicial

Finalmente, el paquete de leyes que envió el Poder Ejecutivo en el marco de su plan para “democratizar la Justicia” no tendrá sanción definitiva esta semana, como pretendía el oficialismo. La presidente Cristina Kirchner recibió anoche a un grupo de diputados y habilitó que se practiquen modificaciones, al parecer motivadas por la preocupación manifestada por una entidad que nuclea a jueces y acercada a la Casa Rosada por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Al cabo de una jornada marcada por las observaciones y críticas que distintas organizaciones ligadas al Poder Judicial, los diputados del Frente para la Victoria aceptaron realizar modificaciones en el proyecto que refiere a la conformación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, uno de los que más resistencias había generado. Luego de una efusiva defensa de las medidas impulsadas por el Gobierno realizadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de la cartera, Julián Álvarez, la presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Diana Conti, comunicó los cambios. Conti adelantó que el dictamen que firmará el oficialismo contiene cambios en distintos aspectos del proyecto, sobre todo en aquel que quitaba la administración presupuestaria al máximo tribunal y lo otorgaba al Consejo de la Magistratura. De hecho, muchos de los artículos que se modificaron y eliminaron no hicieron sino restar una serie de atribuciones que el Poder Ejecutivo pretendía darle a ese cuerpo, y devolverlos en algunos casos a la Corte. Entre ellas figuró aquella que permitirá a los jueces designar a sus secretarios y funcionarios de jerarquía, un pedido que habían hecho los jueces en el documento que dieron a conocer. Además del manejo de recursos, fijó funciones de contralor al Consejo en distintos puntos y limitó otras que había endilgado. Los cambios obligarán a que ese texto vuelva al Senado, donde ya había sido aprobado. En cuanto a los otros dos proyectos que trataba esa Cámara –el que crea Cámaras de Casación en otros fueros además del penal, y el que limita las medidas cautelares contra el Estado-, no habría modificaciones. La defensa del Gobierno “Nos acostumbramos a que el Poder Judicial no sea electo por el pueblo”, pero “sentimos que por métodos democráticos se eligen mejores jueces”, dijo Alak al comenzar su alocución. “Esto debería verse como un avance, un proceso de democratización imparable en la Argentina. Es apostar a que sea el pueblo el que defina”, añadió, tras negar que la reforma le reste independencia al Poder Judicial. En el mismo sentido, el funcionario defendió los otros dos proyectos que estudia la Cámara baja: la creación de las Cámaras de Casación en otros fueros además del Penal, y también aquel que regula las medidas cautelares contra el Estado. “Por qué tanto interés que el Estado no tenga una garantía en su defensa”, dijo en cuanto al último. Al cabo de unos 40 minutos, Alak cedió la palabra al secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien continuó con su exposición sobre los puntos observados por distintas entidades y luego debía responder preguntas. "Nos parece al Poder Ejecutivo de la Nación aceptables algunas de las propuestas, diría yo la mayoría de las propuestas que realiza la Corte Suprema. Esto es la cuestión presupuestaria, la cuestión de superintendencia, es la cuestión de personal", remarcó. De este modo, dio a entender que el máximo tribunal continuará administrando los fondos, tarea que podía pasar a manos del Consejo de la Magistratura si no se modificaba el texto enviado por el Ejecutivo. Oradores Al inicio del plenario, y en menos de tres horas, representantes de distintas organizaciones ligadas al sistema judicial hicieron observaciones y críticas a los proyectos. En su exposición, el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, Luis Cabral, cuestionó la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura: "La propuesta no mantiene equilibrio del que habla la Constitución". Por su parte, el titular de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, Ricardo de Felipe, reconoció: "Vemos con preocupación que los jueces vayan en una boleta de partidos políticos". A su vez, el titular del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, admitió que "la reforma judicial es necesaria", pero pidió: "No perdamos la oportunidad histórica que tenemos hoy". Lo siguió luego el titular del gremio de empelados judiciales, Julio Piumato, quien ya convocó a una medida de fuerza de 72 horas. "Esto es una violación de la Constitución Nacional", advirtió en su exposición. "En la publicidad de los proyectos dicen que quieren una Justicia ágil. No sé de qué agilidad hablan si le agregan una instancia más a los procesos", agregó el sindicalista. En tanto, Fernando Straface, representante del Cippec, celebró el debate sobre la modernización de la Justicia, dijo que "comparten" gran parte del diagnóstico, pero afirmó: "Lo peor que le puede pasar al sistema de Justicia es cerrar el debate como se va a cerrar acá". El Senado también prolonga el debate Paralelamente al plenario de comisiones de Diputados, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; la de Asuntos Constitucionales; y la de Legislación General de la Cámara alta abordaron las otras tres medidas que completan la reforma. En poco más de dos horas, se dictaron despachos de mayoría sobre los proyectos que establecen la publicación on line de las declaraciones juradas de los miembros de los tres poderes del Estado, y los fallos de todos los tribunales. Sin embargo, se pasó para el próximo martes el relacionado con el ingreso “igualitario” al empleo judicial. Esa iniciativa será debatida en conjunto con las modificaciones a la reforma del Consejo de la Magistratura que llegará de Diputados. De acuerdo con el sitio Parlamentario, los cuatro dictámenes se votarían en el recinto recién en mayo. La postura de la oposición En las últimas dos semanas, la oposición apeló a varias estrategias para intentar frenar los tres proyectos más polémicos del paquete de seis iniciativas para la reforma del Poder Judicial. Por un lado, distintos bloques opositores apostaron a poner presión sobre los legisladores aliados al oficialismo para que no den quórum a la discusión. Incluso la ONG Poder Ciudadano comenzó una campaña para que doce legisladores claves no bajen al recinto. Por otro, diferentes legisladores anticiparon su intención de llevar a la Justicia las leyes en cuanto sean aprobadas por el Congreso para frenar su aplicación e intentar que la Corte Suprema declare su inconstitucionalidad. En tanto, representantes de diversas fuerzas inauguraron hoy una carpa blanca - símbolo de las disputas sindicales docentes en los años 90- para protestar contra la reforma judicial. Expresa "la oposición al proyecto kirchnerista que intenta cambiar estructuras de fondo de la República y llevar a la politización extrema de la Justicia".