Será el sentido común de los camaristas o habra algo más que no se sabe?

Más de 15 magistrados enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que expresaron fuertes cuestionamientos a varios de los proyectos de la llamada “democratización de la Justicia” que impulsó la Casa Rosada. Los jueces manifestaron su “honda preocupación por algunas iniciativas legislativas (una de ellas devuelta en revisión a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y otras sancionadas por el Congreso, pero todavía no promulgadas por el Poder Ejecutivo) que, a nuestro juicio, obstaculizan la administración de la Justicia, ponen en peligro la independencia del Poder Judicial y conducen a una inadecuada politización del Consejo de la Magistratura, todo lo cual afecta, en definitiva, la división de poderes y los derechos de los justiciables”. Opinaron que la reforma al Consejo de la Magistratura “vulnera el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal que exige el art. 114 de la Constitución Nacional”. Y precisaron que, de cambiarse el régimen, los jueces y abogados quedarán “en franca minoría frente a los representantes de los otros poderes del Estado y aun frente a los representantes de los ámbitos académicos”. “Lo más grave es que los consejeros jueces y abogados dejarán de ser, en realidad, representantes de sus respectivos estamentos, porque no van a ser designados por aquellos a quienes deben representar, sino por el cuerpo electoral de la Nación”, explicaron. Y alertaron que “el proyecto sancionado deja librados temas de relevancia institucional, como son la elección, la suspensión y la remoción de los jueces, a la decisión del partido gobernante de turno”. En el documento, sostuvieron además que la creación de nuevas cámaras de Casación provocarán “serias demoras” en la resolución de las causas. Y también criticaron la utilización del sorteo público para ingresar al Poder Judicial. “Perjudica el funcionamiento de los tribunales y no asegura el requisito de idoneidad”, dijeron.