El Gobierno suspendió las retenciones móviles

A un día y medio de la derrota en el Senado, y con fuertes críticas a los productores rurales y a los legisladores de la Cámara alta, la Presidenta firmó esta tarde el decreto que da marcha atrás con la resolución 125 y otras normas asociadas, lo que deja atrás el esquema de retenciones móviles que había instalado el 11 de marzo. Con la limitación de la vigencia de esa resolución, el Gobierno pone en vigencia las resoluciones 368 y 369 de noviembre del año pasado, que fijaban en un 35 por ciento fijo el pago de los derechos de exportación de soja. En los hechos, Cristina Kirchner retrotrae la situación al día previo al inicio del conflicto. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Carlos Fernández, y por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aunque sólo tomó la palabra este último y se limitó a la lectura de la norma. Los fundamentos del decreto forman casi un resumen de los argumentos y las quejas del Gobierno para ruralistas y legisladores en los últimos días. Justifica que las retenciones móviles fue creada porque "la igualdad de oportunidades es un eje" del Gobierno y en la intención de "procurar mayor equidad en las relaciones económicas y en la distribución del ingreso". El decreto insiste con la "repercusión del crecimiento de los precios internacionales de alimentos". Y asegura que esto "aleja la posibilidad de adquirirlos a los sectores populares". Luego aparecen las duras críticas a las entidades de productores agropecuarios. La norma, que regirá cuando sea publicada en el Boletín Oficial, expresa que el esquema de las retenciones móviles "fue pretexto para un violento lock out que inició una escalada de cortes de ruta, desabastecimiento, acciones verbales y físicas". También el Congreso se lleva su parte de las quejas oficiales. El decreto diferencia las acciones en Diputados y en el Senado. De la Cámara alta, donde el oficialismo consiguió aprobar la ratificación de las retenciones por siete votos, asegura que se pudo "acordar un proyecto". Pero de los senadores manifiesta que "sólo pudieron lograr un empate", minimizando la decisión del vicepresidente Julio Cobos de votar en contra de la iniciativa oficial y evitar su sanción. El Gobierno se lamenta en el decreto –a pesar de que el propio Néstor Kirchner fue uno de los más activos en ese sentido- que el Congreso haya sido objeto de "presiones" durante el tratamiento del proyecto oficial y que el debate se haya dado "en un marco de agresiones". Esos argumentos forman el núcleo central del prólogo para la limitación de la vigencia de la resolución 125 y de las que la ajustaron con, por ejemplo, sistemas de compensaciones. Y se pone en vigencia los aranceles de noviembre de 2007, con el 35 por ciento fijo para la soja, el 28% para el trigo, el 10% para el girasol y el 25% para el maíz. Así, queda atrás el esquema de retenciones móviles que desencadenó el virulento conflicto que desde hace más de cuatro meses convulsiona al país, y que incluyó masivos actos y contra actos, carpas en el Congreso, una fractura de hecho en el oficialismo, paros agrarios y numerosos cortes de ruta. Ahora se abre el interrogante acerca de qué tipo de consenso se podrá construir, tras semejante desgaste, para una nueva resolución.