Habria que hacerles entender que el tiempo de los aprietes se terminò

Orlando González faltaba de su casa desde ayer, cuando tenía que declarar en la causa por el centro clandestino de detención Arsenal Miguel Azcuénaga en Tucumán. La Gendarmería lo encontró hoy en un barrio de la capital provincial y ahora está declarando ante la Justicia. El testigo, que fue detenido y torturado en 1976, debía declarar ayer, pero salió de su casa temprano y no se sabía de su paradero. En la causa por crímenes de lesa humanidad, había reconocido a su presunto torturador, que está preso. Y se disponía a denunciar que sufre "presiones y amenazas" por este tema. El Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, había expresado su preocupación por la situación de González, un caso que por un momento llegó a recordar al testigo platense Julio López, quien sigue desaparecido. La importancia del testimonio de González es porque, el año pasado, denunció al policía Camilo Orce, a quien reconoció como uno de sus torturadores cuando fue secuestrado en 1976. Orce está detenido por ésta y otras causas, entre ellas algunas junto al fallecido comisario "Malevo" Ferreyra. El denunciante-testigo por las torturas vive en un paraje llamado La Favorita, a 25 kilómetros de la capital Tucumana. El pueblo más cercano es Ranchillos (de donde también es oriundo Orce), donde vive la hermana de González. Allí fueron a buscarlo ayer funcionarios de Derechos Humanos que debían trasladarlo a Tucumán para que declare, tal como habían acordado. Cuando llegaron, ya se había ido. Desde entonces no se conoce su paradero. Según un comunicado del Gobierno nacional, González no había aceptado su inclusión en el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, ofrecido por el juzgado interviniente como es de práctica en estos casos. También se informó oficialmente que el ministro Aníbal Fernández "ha dispuesto la colaboración de efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal con los Magistrados para el esclarecimiento del hecho". Y que la Secretaría de Derechos Humanos se encuentra en permanente contacto con las autoridades de la provincia y con los Jueces Federales Daniel Bejas, que interviene en la causa original, y Mario Racedo, que investiga lo ocurrido con González.